Narcotráfico, globalización y conflictos

Narcotráfico, globalización y conflictos
Virginia Montañés
Publicado en: Aguirre, M; Filesi, T. y González, M.; Globalización y Sistema Internacional. Anuario CIP 2000, Icaria, Madrid, 2000.

En el curso de los últimos veinte años, el crimen transnacional organizado, en general, y el narcotráfico, en particular, se han configurado como uno de los principales temas en las prioridades de la política internacional. Naciones Unidas dedicó la década pasada a la lucha contra el abuso de drogas. Al mismo tiempo, desde 1987, cada año se celebra el Día Mundial contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito.

La puesta en práctica de políticas económicas ultraliberales y las posibilidades que se han abierto a raíz de los procesos de globalización han supuesto un estímulo para la interconexión de las empresas ilegales en redes internacionales y su introducción en la economía formal. Mediante una lógica empresarial, estas organizaciones han extendido sus actividades fuera del territorio nacional uniendo los mercados ilegales nacionales en un solo mercado mundial en el que se vinculan todo tipo de actividades, cuyos beneficios, tras pasar por programas de lavado cada vez más sofisticados, acaban formando parte de la estructura económica legal (1).

Por otra parte, los efectos sociales de la aceleración de la globalización en los años ochenta y la puesta en práctica del ultraliberalismo, han conducido a un aumento de las desigualdades, la pobreza, la marginación y la exclusión. En la crisis de expectativas insatisfechas, a la que puede conducir la combinación entre la disparidad riqueza-pobreza con los límites del crecimiento, se entroncan las raíces de la economía ilegal (2).

Pero las organizaciones ilegales constituyen tan sólo una de las caras del prisma en el que se engloba el sistema de las drogas. Las drogas ilegales, por un lado, y la prohibición de éstas, por el otro, conforman sus bases. El resto de las caras que une ambas bases está compuesto por las diferentes fases de producción, distribución y consumo de drogas ilícitas, las políticas de control diseñadas y ejecutadas en el ámbito estatal e internacional y las causas estructurales que inducen a millones de personas a arriesgar su vida o su libertad por adoptar una forma de vida inmersa en la ilegalidad y, por lo tanto, conflictiva. El núcleo del prisma estaría impregnado por la violencia que generan tanto la ejecución de las políticas de control de drogas como su tráfico y consumo.

El uso de la violencia que subyace en el núcleo del prisma se sostiene en tres ejes: por parte del Estado para controlar la oferta; por las empresas ilegales para asegurar su negocio y, finalmente, por parte de los usuarios para proveerse de las drogas.

Pero no se trata únicamente de la violencia coyuntural que pueden provocar determinadas operaciones antidrogas, las reyertas entre organizaciones ilegales por el control del territorio o el abuso de ciertas drogas prohibidas. La existencia de drogas ilegales y los mecanismos existentes para controlarlas producen una violencia estructural que está relacionada con situaciones de pobreza extrema, de desigualdad, de injusticia, de violaciones de derechos humanos básicos, de criminalización de los eslabones más vulnerables de la cadena de las drogas, y el resto de efectos sociales de la globalización y el ultraliberalismo que mencionábamos arriba. Parafraseando a Ibán de Rementería, "la violencia es la piedra de toque para evaluar las acciones públicas de control de drogas" (3), y sin una evaluación minuciosa de dichas acciones resulta imposible deducir por qué se está perdiendo la denominada guerra a las drogas y qué caminos habría que tomar para comenzar a obtener resultados basados en algo más que el recuento de alijos confiscados.

Producción de drogas ilícitas

Desde el inicio de la "guerra a las drogas" (4) se ha forjado la imagen de los países periféricos como países productores o de tránsito de drogas ilícitas y de los países centrales como consumidores de éstas. A medida que nos adentramos en los procesos de globalización, esta línea divisoria entre países productores y países consumidores se va desvaneciendo, dando paso a una realidad mucho más compleja en la que las fronteras cobran un nuevo sentido, marcado por las interconexiones entre las redes ilegales y las políticas internacionales de lucha contra las drogas.

La primera fase de la producción de drogas ilícitas, la de los cultivos, continúa situada en países periféricos. En los últimos diez años, las zonas tradicionales de cultivos de coca, amapola y marihuana han permanecido estables o se han expandido, mientras que se han abierto nuevas zonas de producción (amapola, en Colombia y Kenia; coca, en la República Democrática del Congo y Georgia). Al mismo tiempo, zonas de cultivos tradicionales han pasado a integrarse en el mercado internacional (Asia Central, Cáucaso, los Balcanes y Ucrania para la amapola y África Subsahariana para el cannabis). Una de las razones de esta internacionalización del mercado ha sido la introducción de programas de ajuste estructural que han menoscabado el papel de la agricultura en muchas economías, especialmente en América Latina y África.

En 1985, la producción global de hoja de coca estaba estimada en 240.000 toneladas; en 1998, esta estimación aumentó hasta las 339.000 toneladas (5). En 1988, las cosechas de amapola de Afganistán y Birmania, los dos principales productores, producían entre 800 y 1.000 toneladas de opio en cada país; en 1999, la cifra alcanzó las 4.600 toneladas en Afganistán y 1.200 en Birmania.

La producción vinculada al cannabis también está experimentando un tremendo auge. Las hectáreas de tierra cultivada con cannabis en Marruecos aumentaron de 30.000 hectáreas en 1988 a más de 80.000 en 1999 (6), aunque el principal productor de cannabis del mundo sigue siendo Sudáfrica, seguido de Estados Unidos, Colombia y México. También está siendo cada vez más frecuente encontrar marihuana de Asia, especialmente en Camboya. La producción está creciendo a gran velocidad en África Subsahariana, especialmente en Kenia, Malawi, Nigeria, Ghana, Zaire, la República Popular del Congo, Costa de Marfil y Senegal.

A excepción del cannabis, cuya producción está más extendida, es frecuente que este tipo de cultivos se ubique en zonas con niveles de desarrollo económico, social y humano muy bajos, en el interior de comunidades pobres en las que existe poca -o ninguna- presencia del Estado, y en las que la economía de las drogas supone la única alternativa de subsistencia. Los servicios básicos de justicia, salud y educación generalmente son inexistentes. En algunas ocasiones, sobre todo en el caso de la cocaína y el hachís, los mismos campesinos efectúan las primeras fases del proceso de elaboración de la droga.

En los tres países con mayor producción de coca de la región andina (7), por ejemplo, las comunidades cocaleras forman parte de la franja de población más pobre. Más de la mitad de la población de Bolivia y el Perú tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. En estos países el circuito ilegal de coca/cocaína se circunscribe en las áreas de nueva colonización, relacionadas con las migraciones internas que se produjeron a raíz de los programas de ajuste estructural implantados en la década de los ochenta y que continúan en la actualidad (8). "Por aquel tiempo, quien no estaba metido en la droga se moría de hambre, porque no podía sobrevivir a una economía dolarizada e inflacionaria. En consecuencia, muy pocos resistían la tentación de la droga" comenta Roger Rumrill al hablar del auge cocalero en el Perú (9).

En Bolivia, donde una parte de la producción de hoja de coca está destinada al consumo tradicional y se comercializa de manera legal, se calcula que alrededor de 350.000 personas viven directa o indirectamente de ella. Para los campesinos, se trata del único recurso viable, con precios altos y estables, ya que la liberalización de precios y la entrada de productos agrícolas de exportación han hundido la agricultura campesina, mientras que, en cambio, la coca genera un movimiento económico de 500 millones de dólares anuales (10).

Los campesinos cocaleros están organizados sindical y políticamente, lo que les permite canalizar sus demandas y defender sus posiciones ante el Gobierno de la nación y los organismos internacionales. Pero las movilizaciones para reivindicar la coca han provocado violentas represiones por parte de las fuerzas policiales y militares, declarándose el estado de sitio en numerosas ocasiones en el Chapare, la región de Bolivia que más ha crecido gracias al cultivo de esta planta.

De hecho, el pasado mes de mayo, las seis federaciones productoras de coca del trópico de Cochabamba iniciaron nuevas movilizaciones. Según el diputado y dirigente cocalero Evo Morales Ayma, la militarización de la erradicación forzosa de cocales está agravando las situaciones de hambre, miseria, delincuencia, enfermedades, saqueo de viviendas, prostitución y violación sistemática de los derechos humanos en todas las comunidades del Chapare (11). En esta ocasión, con sus movilizaciones los productores de coca pretenden que las organizaciones matrices como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Única Campesina de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) inicien un movimiento nacional de protesta contra la política económica del gobierno.

En Colombia, sin embargo, la producción de coca es relativamente nueva (prácticamente inexistente en la década de los setenta), aunque en poco tiempo este país andino se ha convertido en el primer productor y transformador de la planta, además de cultivar cannabis y amapola. Se estima que el valor anual de la cosecha de estos productos puede ascender a 915 millones de dólares, lo que supone el 83% del valor de la cosecha de café. Sólo el ganado, la producción avícola y el café superan en importancia económica a los cultivos ilícitos.

Se calcula que 300.000 personas dependen de la economía de la coca (12). Son dos los principales focos de violencia a los que se enfrentan los campesinos colombianos. Por una parte, en el contexto de conflicto interno que vive el país, se encuentra la vinculación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y de los grupos paramilitares a la economía ilegal. Además de las presiones que sufren los campesinos por ambas facciones, que en el caso de los paramilitares se traducen en verdaderas masacres, la medición de fuerzas entre ambas suele dejar como resultado la muerte de campesinos y otros civiles.

Por otra parte, los campesinos son las principales víctimas de la estrategia antidrogas ejecutada por el Gobierno colombiano a instancias de EE UU. La principal herramienta de la lucha antidrogas en Colombia es el plan de fumigaciones de los cultivos con herbicidas químicos (13). Desde que ese país implementó en la última década su programa de erradicación química agresiva, se ha puesto en marcha un círculo vicioso de desplazamientos de cultivos y poblaciones hacia áreas aún más frágiles, aumentando la deforestación e intensificando el conflicto armado (14). Según los campesinos, de nada sirven las cuantiosas inversiones en fumigaciones que hace la Policía Antinarcóticos, porque contaminan las aguas, los cultivos de plátano y yuca de las huertas caseras y los obligan a internarse en la selva en busca de nuevos sitios para volver a sus siembras de coca, las únicas que les reportan ingresos para subsistir (15).

La situación de los campesinos de la región del Putumayo ilustra estos datos: este año se han iniciado fumigaciones en sus terrenos y las FARC les han prohibido vender coca. En la región del Putumayo, con 50.000 hectáreas dedicadas a la coca, se cultiva la mitad de la coca colombiana. El 90% de la economía local se basa en el negocio de la coca. El Putumayo es una zona de colonización. Hay gente de todas las regiones del país, recién llegados por la coca o descendientes de otros colonos que vinieron hace años atraídos por las riquezas del caucho, la quina, la madera o el petróleo. Por otra parte, sus habitantes han recibido muy poco del Estado.

Los campesinos de esta región se han organizado para proponer al Gobierno la suspensión de las fumigaciones a cambio de erradicar sus cultivos voluntariamente con ayuda gubernamental. Ramiro Grisales, el líder de los campesinos de Puerto Guzmán, apunta que "si el Gobierno paga siete millones por cada vuelo, lo que planteamos es que no nos perjudiquen, y más bien nos den esa plata y nosotros acabamos con la coca, sin dañar el medio ambiente" (16).

Al crecimiento de los cultivos tradicionales en el ámbito de la producción de drogas ilícitas se añade la explosión del mercado de drogas sintéticas. A mediados de la década de los noventa, los países pertenecientes al antiguo bloque soviético se introdujeron en este comercio. Aunque el principal objetivo de estos nuevos productores es Europa Occidental, también se interesan por mercados más lejanos, como Norteamérica, Sudáfrica y Australia. Las organizaciones ilegales de estos países han optado por la producción de drogas sintéticas, aprovechando factorías químicas abandonadas, un escaso control de los productos químicos básicos y la existencia de un gran número de profesionales químicos con alta cualificación y bajos o inexistentes salarios. Por otra parte, los consumidores locales de drogas (sobre todo en las zonas urbanas) tienen escasa experiencia en las drogas naturales y no ponen demasiadas objeciones a los sustitutivos.

Distribución de drogas: las empresas ilegales

Durante los años ochenta, la producción, exportación y, en menor medida, distribución de drogas estaban controladas por grandes organizaciones ilegales, algunas de las cuales se han vinculado al tráfico a gran escala en el curso de la década posterior. Se trataba de las organizaciones mafiosas italianas, los carteles colombianos, la mafia turca y las tríadas chinas. Aunque la estructura centralizada y estrictamente jerárquica de tales organizaciones ha sido mitificada a menudo, es cierto que monopolizaban una parte sustancial del mercado y mantenían relaciones de negocios entre ellas.

En la segunda parte de la década de los noventa, el tráfico de drogas ha adoptado una apariencia marcadamente diferente. Aunque algunas grandes organizaciones criminales todavía existen junto a otras de tamaño medio, un número masivo de empresas pequeñas se ha expandido en torno a ellas. La represión llevada a cabo por las organizaciones internacionales antidroga y las operaciones de las fuerzas policiales, entre otras razones, han llevado a las grandes organizaciones ilegales a descentralizar las redes para disminuir su vulnerabilidad. Este nuevo tipo de organización dificulta enormemente el trabajo de la policía, ya que en muchos casos el desmantelamiento de una red sólo afecta a una pequeña parte de la cantidad de drogas en circulación.

Por otra parte, en clara relación con el aumento del policonsumo de drogas, se han diversificado los productos con los que negocian estas organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones ilegales polacas, que tradicionalmente traficaban con anfetaminas, han comenzado a distribuir también otras sustancias como la cocaína. Estas organizaciones combinan sus actividades de narcotráfico con la falsificación de dinero y el contrabando de tabaco y alcohol.

Precisamente, otra explicación para el creciente número de pequeños y medianos negocios ilegales la ofrece la diversificación de los mercados de consumidores y productores, sobre todo dado el creciente número de víctimas de la recesión tanto en los países del Sur como en los grandes centros urbanos de países desarrollados, donde la producción y tráfico de narcóticos e, incluso, un consumo 'utilitario' pueden llegar a ser un medio de vida.

Según Naciones Unidas, las actividades de las empresas ilegales producen unos beneficios de 1.500 millones de dólares anuales (17), de los cuales entre 350.000 y 400.000 millones son reintegrados a la economía formal (18), lo que equivale al 8% del comercio mundial. Esta última cifra supone más de lo que produjo el sector mundial automovilístico y el de hierro y acero, prácticamente lo mismo que produjo el rubro de gas y petróleo, y se ubica sólo ligeramente por debajo del gasto militar mundial (19).

Si se considera que el precio de venta de un gramo de cocaína en las calles de Nueva York es de 100 dólares (en Bogotá es de sólo 5,2 dólares y en Moscú puede llegar a costar 300 dólares), el valor total de venta al detalle de la cocaína exportada por Colombia podría alcanzar la fabulosa suma de 46 billones de dólares, un 56% del Producto Interior Bruto del país.

La versatilidad y flexibilidad de las redes ilegales actuales les permiten eludir las regulaciones nacionales y las operaciones policiales internacionales, a menudo encorsetadas en rígidos procedimientos burocráticos. Las rutas de tráfico son modificadas a medida que van surgiendo complicaciones en alguna de ellas. Por ejemplo, las organizaciones colombianas están utilizando Chile y Argentina como países de tránsito para sus envíos marítimos hacia EE UU y Europa, que antes pasaban a través de México, Centroamérica y el Caribe (20). La aparición en Europa de laboratorios clandestinos que, a partir de la pasta base y con los precursores necesarios, obtienen cocaína para su distribución, es otro ejemplo de la adaptación de estas redes a las dificultades para importar los productos químicos.

Los conflictos armados desempeñan un papel importante en el diseño de las rutas de tráfico. Tras el conflicto de Kosovo, la región (21) se ha convertido en una vía segura para el transporte de la heroína que proviene de los campos de amapola de Asia Central y de los centros de refinamiento en Turquía, Bulgaria y Rumanía. El rápido desarrollo del narcotráfico en el territorio de esta pequeña región ha permitido el incremento de numerosas formaciones criminales que muy pronto se han instalado en el panorama de la economía subterránea de los Balcanes meridionales.

Hasta la guerra en Bosnia, el sistema del transporte de heroína fue regulado mediante acuerdos muy precisos. Los grupos serbios y albaneses de hecho habían dividido las dos rutas principales: mientras que el primer grupo se hizo cargo de llevar los cargamentos de drogas a los países europeos a través de la ruta de tierra vía Bucarest y Belgrado, los segundos, en cambio, asumieron el monopolio sobre el transporte en el Mar Adriático hacia Italia.

Los efectos de la guerra en Bosnia han producido cambios radicales en los términos de este acuerdo implícito entre las dos mafias principales de la antigua Yugoslavia. Durante el conflicto, las rutas continentales se volvieron menos prácticas debido a la ocupación militar del territorio. Después de haber conseguido el control sobre los puertos de Durazzo y de Dulcigno, en las costas del Norte de Albania, los grupos albaneses de Kosovo se convirtieron en los traficantes más importantes en el Mar Adriático. Hoy, los grupos albaneses de Kosovo controlan el sector más importante del narcotráfico en la zona, el dirigido hacia Italia, a expensas de los grupos criminales serbios, muy debilitados. La ubicación estratégica y geográficamente central de Kosovo ha hecho de la mafia local una de las mejor organizadas y estructuradas del universo criminal de los Balcanes (22).

La existencia de un Estado frágil proporciona el entorno adecuado para que las redes ilegales se fortalezcan. Los países con gobiernos débiles o inestables son más vulnerables a la corrupción, la cual, a su vez, aumenta el poder de las redes ilegales, pues la utilizan como instrumento para integrarse en la economía formal. Los organismos internacionales y los países centrales han determinado que el fenómeno denominado por el Banco Mundial "mal gobierno" (con elevados índices de corrupción y crimen de alto nivel, frecuente en los Estados frágiles) desempeña un papel central en el aumento del tráfico de drogas.

La solución que propone el Gobierno estadounidense para combatir la corrupción producida por el tráfico de drogas ilícitas es la militarización de la lucha antidrogas, la vinculación del ejército en las operaciones antidrogas, como ha sido la instalación de bases militares en la región del Chapare boliviano o la inauguración del Primer Batallón Antinarcóticos del ejército colombiano durante 1999. Pero un mayor papel militar en el control antidrogas (y, de esta manera, una mayor proximidad de los militares con los traficantes de drogas) podría generar más corrupción entre los militares, además del riesgo de un aumento de las violaciones de los derechos humanos y una fractura en la consolidación de las democracias.

Durante la década de los noventa, muchos Estados africanos han servido de zona de tránsito para las drogas destinadas a EE UU y Europa. Según un estudio elaborado por el Observatorio Geopolítico de las Drogas (OGD), en 1997, casi el 30% de los cargamentos de heroína capturados en Europa o Estados Unidos pasaron a través de África, un lugar en el que los traficantes no encuentran demasiados obstáculos para hacer negocios. Este continente posee aeropuertos y puertos marítimos con escasa vigilancia policial -como Mombasa (Kenia), Dar es Salaam (Tanzania) y Maputo (Mozambique)- y guerras civiles en países como Angola, Somalia y Liberia con fronteras porosas, donde las drogas pueden ser transportadas o comercializadas con impunidad (23).

Pero la corrupción no es una característica única de los Estados frágiles, José María Tortosa la define como la enfermedad del capitalismo. La corrupción de la economía capitalista, en la que actúa la elite del poder, es una constante en el sistema mundial. Forma parte de ese sistema oculto, caracterizado por la opacidad, en el que se encuadran las migraciones clandestinas, el dinero secreto, la tergiversación o la ausencia de información y las operaciones secretas, entre otras (24).

Una muestra en España de este sistema oculto, relacionada con las operaciones secretas y con la corrupción, la encontramos en la vinculación de algunos miembros de las fuerzas policiales de lucha antiterrorista con el tráfico de drogas. Según el último informe del OGD, en ocasiones se trataba simplemente de un intercambio de servicios, pues las redes de traficantes de drogas ilícitas y tabaco están interconectadas con las de ETA, constituyendo una valiosa fuente de información. En otras, se generaban unos beneficios a cambio de la protección a los traficantes, que irían destinados a la lucha contra ETA o, la mayor parte de las veces, tomados como una especie de bono individual informal ganado a cambio de un trabajo peligroso (25).

El "caso UCIFA", presente en los medios de comunicación durante los tres últimos años, también es representativo de la zona opaca del sistema. En enero de 1999, el Tribunal Supremo confirmó las condenas a varios oficiales y agentes de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA) por quedar probado que en la Unidad se creó un grupo organizado del que formaba parte alguno de sus mandos "con la idea, no de investigar el tráfico de drogas en sí mismo considerado y el descubrimiento de sus autores, sino de importar grandes cantidades" de estupefacientes (26). Los condenados importaban droga directamente de América Latina, de la que sustraían una parte para pagar a confidentes. Los tres principales oficiales condenados mantienen una página en Internet en la que recaban apoyo para solicitar el indulto, alegando que no hubo ánimo de lucro sino un exceso de celo profesional.

España es el centro de blanqueo de dinero más importante de las tramas colombianas, actividad favorecida por el turismo y las inversiones masivas de los bancos españoles en América Latina. En nuestro país se estarían limpiando entre 6.000 (estimaciones del Banco de España) y 12.000 millones de dólares anuales (estimaciones del Plan Nacional de Lucha contra la Droga). El sector inmobiliario y las oficinas de cambio (que superan ya las 5.000 en el territorio nacional) son mayoritariamente utilizados para estas maniobras. En Gibraltar hay 60.000 sociedades exentas de impuestos. El 15% de ellas se dedica al blanqueo, calculándose que la mitad de los 4.000 millones de libras esterlinas que han acumulado estas sociedades están en manos de grupos españoles. A pesar de estas estimaciones, el dinero que se incautó en 1997 no llega a los 30 millones de dólares (27).

Consumo de drogas ilícitas

En lo que refiere al consumo de drogas ilícitas, la causa última de la existencia de drogas, los mercados tradicionales, EEUU y Europa Occidental, se mantienen relativamente estables, mientras que nuevos mercados están surgiendo y expandiéndose rápidamente. Las anfetaminas y sus derivados son las drogas que están registrando el mayor éxito, y su consumo ha crecido notablemente en gran cantidad de países durante los años noventa. En muchos Estados, la expansión de las anfetaminas ha sido para uso recreativo, pero en algunos países periféricos también tienen un uso funcional: combatir la fatiga y/o mejorar la capacidad de comunicación, sobre todo entre trabajadoras sexuales, conductores de camiones y pescadores, entre otros.

Por otra parte, se está produciendo un aumento del consumo de diferentes tipos de drogas en los países productores, sobre todo en los países periféricos. En los mercados tradicionales de heroína en Asia (especialmente Pakistán, Tailandia y China) está aumentando el consumo de estimulantes sintéticos. Las drogas sintéticas también han hecho su aparición en otros mercados de Asia y en algunos países de África.

En América Latina, se ha producido un incremento del consumo de la pasta base fumada (el Brasil, Chile, Colombia y Centroamérica) y existen signos de que también está aumentando el consumo de heroína (en Colombia, México y Argentina) (28). El consumo de crack, marihuana y cocaína ha crecido de forma considerable durante los últimos cinco años, sobre todo entre los grupos sociales más desprotegidos. Según el portavoz del PNUFID (Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas), Sandro Tucci, el crack se ha convertido en pocos años en la segunda droga de mayor consumo en Centroamérica, sobre todo en los sectores más pobres y marginados de las grandes ciudades a lo largo de la costa atlántica (29).

En Asia, Laos es un clásico ejemplo de la transformación que han sufrido los hábitos de consumo. Junto al aumento de ingresos, la rápida urbanización y las migraciones internas han contribuido al aumento de la demanda. Las megalópolis asiáticas como Jakarta, Bangkok y Guangdong están rodeadas por suburbios (denominados "teeming slums") en los que la juventud sufre la ruptura con sus raíces rurales y las redes de apoyo de las comunidades (30).

En Estados Unidos, el consumo de drogas ilícitas supone un gasto superior a la suma del Producto Nacional Bruto (PNB) de más de 80 países periféricos, llegando a alcanzar las ventas anuales 50.000 millones de dólares en las estimaciones más conservadoras, y 150.000 millones según expertos independientes. En el país norteamericano hay 14 millones de consumidores de drogas ilícitas (31), 5 millones de adictos y 52.000 muertes relacionadas con las drogas al año (32); además, un tercio de los enfermos de sida contrajeron la enfermedad debido a un uso inadecuado de las drogas (33). Por otra parte, el uso de drogas ha aumentado en un 150% entre los jóvenes de 13 y 14 años (34), aunque las cifras de adolescentes hospitalizados por consumir heroína, cocaína o marihuana son cuatro veces inferiores a las debidas a una sobredosis de aspirinas o alguno de sus sucedáneos.

Si hablamos de la guerra contra la droga en el interior de Estados Unidos, ésta se ha transformado también en una guerra racial. Un adolescente afroamericano tiene, en comparación con un adulto blanco de edad mediana, la quinta parte del riesgo de morir por abuso de drogas, pero diez veces más posibilidades de ser detenido por el tráfico de éstas. Ocho de cada diez consumidores de drogas son blancos; sin embargo, sólo hay un blanco por cada diez presos por drogas. En 1998, 24 millones de americanos consumieron alguna droga ilícita: de ellos, 18 millones eran blancos, 3 millones negros y 2 millones hispanos, pero el 60% de los prisioneros de cárceles federales por delitos graves relacionados con las drogas son negros (35).

En cuanto a la violencia generada por el consumo de drogas en los países centrales, resulta característico que, de los más de 15.000 homicidios que se cometieron en 1997 en Estados Unidos de los que se conocen las causas, sólo el 5% estaban relacionados con las drogas (36). Sin embargo, el 60% de los dos millones de presos y presas estadounidenses cumplen condenas por delitos no violentos relacionados con las drogas.

En el caso de las mujeres, la situación es aún peor. Desde 1986, el número de presas ha aumentado en un 400%, porcentaje que se dobla en el caso de las mujeres negras. "Las mujeres cumplen, a menudo, sentencias largas precisamente porque se niegan o son incapaces de proporcionar pruebas sobre los crímenes y contactos de sus maridos o novios" (37). A pesar de encontrarse vinculadas tanto al consumo, como al tráfico y la producción de drogas, las mujeres raramente se encuentran entre los principales beneficiarios de los ingresos que genera el comercio de drogas ilícitas.

En un contexto de conflicto armado, el consumo de drogas puede adquirir índices alarmantes. Un ejemplo de ello lo encontramos en Afganistán, donde los niveles del uso de drogas, particularmente de opio, heroína y las drogas farmacéuticas están creciendo notablemente. Primero, el enorme aumento de la producción del opio de Afganistán ha provocado que el opio y su derivado, la heroína, sean más baratos y estén más disponibles. Segundo, hay una creciente demanda de drogas generada por el continuo empobrecimiento, la desubicación social, el desempleo y problemas de salud mental relacionados con la guerra. La escala potencial del problema podría seguir el ejemplo de la experiencia de Pakistán donde, en la década entre 1978 y 1988, el uso de la heroína se extendió rápidamente, de muy pocos usuarios a unos 2,4 millones estimados.

En las ciudades paquistaníes de Quetta y Peshawar, se calcula que el 40% de los adictos a la heroína sin hogar son afganos que viven en condiciones insalubres y peligrosas; a menudo mendigan y roban para obtener el dinero necesario para el uso de drogas. La práctica de inyectar la droga y compartir el equipo de inyección plantea un problema especial en lo que respecta a la extensión de enfermedades transmitidas por la sangre, tales como la hepatitis y el VIH (38).

Economía ilegal y conflictos armados

Durante la Guerra Fría, las grandes potencias proyectaban sus tensiones a escala mundial. Tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría quedó en evidencia la falta de razones ideológicas profundas en el origen de aquellos conflictos, los cuales, en lugar de haber desaparecido, se han transformado y vuelto más complejos, evidenciando problemas económicos, étnicos, religiosos o nacionales.

Los actores de estos conflictos, al encontrarse sin el apoyo de sus protectores, se han visto obligados a buscar vías alternativas de financiación en el tráfico de todo tipo de productos, como el petróleo, los metales estratégicos o las drogas ilícitas. Para ello, utilizan su diáspora y a los emigrantes de sus comunidades como puente. Agentes secretos de muchos países (Rusia, Pakistán y Sudáfrica, por ejemplo) que en tiempos anteriores habían usado el tráfico de drogas para financiar operaciones extraoficiales, han reconvertido sus actividades hacia fines puramente criminales.

Este tipo de tráfico vinculado a los conflictos armados se estructura en redes pequeñas o fragmentadas, las personas que participan en ellas no son traficantes profesionales, ni están especializadas en un solo producto. Trabajan esporádicamente y abandonan sus actividades ilegales una vez que han conseguido sus objetivos políticos o económicos (39).

Por otra parte, la mayoría de estos conflictos se ubican en Estados frágiles y desestructurados, en los que las estructuras productivas han quedado obsoletas o han desaparecido en el fragor del conflicto. Al mismo tiempo, y como consecuencia de los procesos de globalización económica, las economías de los países centrales han evolucionado a un ritmo vertiginoso, derivando en economías de servicios o financieras. En consecuencia, es muy frecuente que la economía formal de estos países, en pleno proceso de reconstrucción posbélica o todavía inmersos en el conflicto, quede solapada por una economía ilegal en la que, como vimos anteriormente, la desestructuración se convierte en abono en lugar de resultar un obstáculo.

El conflicto de Kosovo puede ser un buen ejemplo de ello. Una de las preocupaciones en torno al conflicto se centra en la posibilidad de que la reconstrucción inevitable de las áreas destruidas por las bombas de la OTAN conduzca a una consolidación de las mafias locales, que pueden especializarse en el sector de construcción de edificios, tal como las mafias italianas hicieron en el pasado. Así, las ganancias de la reconstrucción podrían ir a parar a las arcas de las empresas ilegales (40).

La guerra contra las drogas

Estados Unidos lidera la guerra contra las drogas desde su inicio. Para ello, cuenta con un aparato bélico alimentado por más de 50 agencias, oficinas y programas encargados de implementar su política tanto dentro como fuera del país. Los fondos para el control de drogas recomendados para el año 2001 son de 18.900 millones de dólares, un aumento de 1.400 millones (8% más) por encima del nivel legislado para 2000. Además de estos recursos, la Cámara de Representantes ha aprobado un aumento de 1.600 millones de dólares para apoyar el financiamiento del Plan Colombia en los próximos dos años, de los cuales, tan solo 31 millones están destinados al desarrollo alternativo en Colombia, 72 millones al de Bolivia, Ecuador y el Perú y 98 millones a Derechos Humanos, administración de justicia y Estado de Derecho en Colombia, el resto está destinado a la interdicción.

En la última década, el presupuesto de Estados Unidos para programas antidrogas internacionales se ha quintuplicado, mientras que la ayuda al desarrollo destinada a América Latina ha sido recortada en dos tercios en el mismo periodo. La gran mayoría de los recursos destinados a los programas de control internacional de estupefacientes siguen siendo otorgados a las fuerzas policiales y militares, con las consecuencias negativas que ello supone para los procesos de democratización de la región (41).

El principal objetivo de la estrategia estadounidense ha sido, desde un principio, controlar la oferta en los países productores, sobre todo la procedente de los centros latinoamericanos y caribeños de cultivo, procesamiento y transporte. La lógica subyacente es que para eliminar el consumo hay que comenzar por eliminar la oferta. En este contexto, desde mediados de los años ochenta se dio prioridad a la destrucción de las plantas de donde derivan las drogas ilícitas.

La dinámica de las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos se podría comparar con una hipotética erradicación de las vides para solucionar los problemas de alcoholismo en España. Uno de los argumentos esgrimidos es que su reducción provocaría un aumento de los precios de las drogas al consumidor de la calle. El costo de la hoja de coca en Bolivia, por ejemplo, representa menos del 1% del precio de venta al por menor de la cocaína en Estados Unidos, cada dólar que gana un cocalero genera una ganancia de 190 dólares en el país norteamericano (42). Aunque se triplicara el coste de la producción de coca, escasamente afectaría el precio final de la cocaína.

Pero, pese al ínfimo porcentaje de ganancia del cocalero comparado con el precio de la cocaína una vez producida y comercializada, el principal inconveniente de los programas de sustitución de cultivos estriba en la dificultad de encontrar productos alternativos a la coca, una planta con cuatro cosechas al año, fácil de conservar y transportar. El kilo de hoja de coca hoy se cotiza a casi el doble o el triple de cualquier otro producto como el café o el cacao (43).

Por otra parte, aunque su política antidrogas adolece de continuismo con respecto a sus antecesores, el presidente Bill Clinton ha incluido un nuevo factor en su discurso: aumentar los esfuerzos en la reducción de la demanda, a través del tratamiento, educación y rehabilitación. Sin embargo, en 1998 se arrestó por violar las leyes sobre drogas a más de un millón y medio de personas, de ellas el 75% (1.228.600) por posesión de sustancias controladas, y sólo el 25% (330.500) por tráfico o elaboración de alguna droga (44). Estos datos apuntan más a una política que criminaliza a los consumidores de drogas que a una política que educa, trata y rehabilita a los adictos.

Quizás el cambio más significativo que se está produciendo en la actualidad sea el cambio en la percepción del "problema de la droga", de considerarlo una cuestión de seguridad nacional, ahora se plantea como un problema de "seguridad regional". Aunque mantiene la firma de acuerdos bilaterales, Estados Unidos está comenzando a adoptar un enfoque multilateral en su discurso (45). "Creo que el futuro de nuestra cooperación en la lucha contra las drogas será a través de la Organización de Estados Americanos (OEA)", anunció el actual "zar antidrogas", Barry McCaffrey, durante un viaje a distintos países latinoamericanos en agosto de 1999 (46).

Aunque es muy posible que este cambio de discurso no sea más que una estrategia para superar la creciente oposición a su política de militarización de la lucha antidrogas, lo cierto es que está dando algunos frutos. A partir de las Cumbres de las Américas de Miami, 1994, y Santiago de Chile, 1998, se acordó la creación de una Alianza Hemisférica Contra las Drogas, apoyada por Estados Unidos. Uno de sus objetivos consiste en crear un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) en el marco de la OEA, alternativo al de la certificación unilateral impuesta por el país norteamericano, muy criticada tanto por los expertos como por los gobiernos de los Estados involucrados. Los objetivos de este mecanismo son fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la cooperación hemisférica. Está previsto que el MEM entre en funcionamiento durante el presente año.

Naciones Unidas, por su parte, centra su discurso en la erradicación de cultivos ilícitos y la sustitución de los mismos en la fase de producción, en la promoción de medidas contra el blanqueo de dinero para la fase de distribución y en la negación a la aplicación de políticas de reducción de daños en lo que respecta al consumo. Bajo la presión de Estados Unidos, la estrategia de la institución constituye una continuación de la guerra contra las drogas emprendida por este país.

Bajo la dirección de Pino Arlacchi, el PNUFID (en inglés, UNDCP), desarrolló su ampliamente criticada Estrategia Global Antidrogas para la Eliminación de Coca y Amapola (SCOPE, siglas en inglés), que intenta eliminar la totalidad de los cultivos ilícitos antes de 2008. Arlacchi no logró el apoyo para el plan en la Asamblea General Especial sobre drogas, celebrada en junio de 1998, pero muchos elementos de SCOPE siguen desarrollándose.

Una de las condiciones del PNUFID para la erradicación de cultivos ilícitos es que deben utilizar los resultados disponibles de las investigaciones y asegurar que se empleen métodos ambientalmente seguros (47). En este contexto, y bajo el paraguas de la seguridad ambiental, desde 1998 se están efectuando experimentos en Uzbekistán, con pruebas de campo, que buscan desarrollar un hongo que actúe eficazmente contra la amapola.

En Colombia, a instancias de Estados Unidos tras las críticas a las fumigaciones con herbicidas químicos, el gobierno Pastrana y el PNUFID están a punto de firmar un convenio que marca el comienzo de la guerra biológica contra la coca en el sur del país. El plan iniciará una serie de pruebas de campo con el hongo "fusarium oxysporum", en las que se evaluará su efectividad para eliminar la planta de coca y los riesgos ecológicos implicados. Según el documento borrador del plan "al final de este proyecto, estará disponible un agente biológico específico, ecológicamente seguro, confiable y eficaz para controlar el arbusto de la coca en Colombia, el resto de la región andina y posiblemente otras partes del mundo" (48). El objetivo del plan es tener el hongo suficientemente probado, desarrollado y listo para su aplicación aérea en el año 2002.

El proyecto despierta preocupaciones en cuanto a sus riesgos ecológicos, entre ellos la posibilidad de que el hongo podría atacar a otras especies de plantas. También existen dudas sobre las consecuencias sociales para la población en refugio y dependiente de una economía de supervivencia basada en la coca y sobre el papel de PNUFID al facilitar, mediante este proyecto, una agenda altamente controvertida en medio de un proceso de paz (49).

No es la primera vez que el papel de Naciones Unidas en un conflicto interno queda en descrédito. En 1997, el PNUFID firmó un convenio con el grupo Talibán de Afganistán, el cual controla las dos terceras partes del territorio y mantiene un sistema de apartheid contra las mujeres, cuando Naciones Unidas ni siquiera reconoce al grupo como representante del país. También tiene acuerdos firmados con la Junta Militar de Birmania (Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, o SPDC), donde, desde que la Junta tomó el poder en 1988, se ha doblado la producción de heroína. Ambas dictaduras son conocidas por sus violaciones de los derechos humanos y la protección que ofrecen a las organizaciones ilegales.

En lo que respecta a la Unión Europea, a fines de febrero, se organizó en Bruselas la segunda Conferencia Interinstitucional sobre la Política de Drogas de la UE. Con esta Conferencia, la Unión Europea presentó su Plan de Acción para combatir las drogas para los años 2001 a 2004. Este plan repite los mismos elementos que sus antecesores: el énfasis sobre el ideal de un mundo sin drogas y un compromiso con las convenciones internacionales. Quizás lo más característico de la estrategia europea sea la tendencia en algunos países miembro a apoyar las medidas de reducción de daños, como los programas de distribución controlada de heroína o las salas de venopunción, aunque en el marco de la Unión queda todavía mucho camino por recorrer para que se comience a hablar de este tipo de medidas.

A pesar de las diferencias entre sus políticas estatales sobre drogas, Europa es la región más comprometida en la cooperación multilateral contra éstas. Durante más de una década, el PNUFID ha sido el conducto para la financiación antinarcóticos de Europa. Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Bélgica y, en particular, Italia han financiado la mayoría de los proyectos del PNUFID en desarrollo alternativo, asistencia judicial, y programas de tratamiento, educación y rehabilitación. Por supuesto este apoyo a los organismos multilaterales no es gratuito, sino que está adaptado a los intereses y responsabilidades de las políticas exteriores de los países europeos, las cuales no son unitarias ni tienen las mismas prioridades.

Algunas de las propuestas más innovadoras en lo que se refiere al consumo se han puesto en marcha en los ámbitos locales. Gobernadores y alcaldes de algunas ciudades han puesto en marcha propuestas alternativas y experimentales al control de drogas. Hay un movimiento transnacional de ciudades europeas ("Ciudades Europeas sobre Políticas de Drogas" o "European Cities on Drug Policy", en su nombre en inglés), entre las que se incluyen Frankfurt, Hamburgo, Amsterdam y Zurich, que surgió como resultado de la Resolución de Frankfurt y que apoya los principios de la reducción de daños. La resolución apunta hacia la descriminalización de las drogas: bajo ciertas condiciones de regulación, los consumidores no serán perseguidos por consumo de drogas. Sin embargo, esta perspectiva cuenta también con oposición entre las ciudades europeas. En 1994, 21 alcaldes de las principales capitales europeas firmaron la Resolución de Estocolmo bajo el nombre de "Ciudades Europeas contra las Drogas", en lo que se puede considerar una respuesta antidrogas a la propuesta descriminalizadora de la Resolución de Frankfurt.

Las consecuencias de la lógica bélica

Por cada dólar gastado en tratamiento, se ahorran once en costes sociales. Una inversión de 34 millones de dólares en tratamiento reduce el consumo de cocaína tanto como 366 millones gastados en interdicción o 783 millones en programas implementados en los países "fuente". Sin embargo, las cárceles de todo el mundo están llenas de personas que han cometido delitos relacionados con el tráfico o consumo de drogas. Todos tienen algo en común: generalmente forman parte de los últimos eslabones en la cadena de las drogas.

La criminalización de los consumidores en los países centrales cumple la misma función que la de los cultivadores de plantas ilícitas. Ante la imposibilidad de plantear soluciones efectivas a temas como el blanqueo de dinero o la corrupción (más allá de las declaraciones de buenas intenciones), los gobiernos de los países que lideran la guerra contra las drogas, y las instituciones multilaterales que la apoyan, utilizan las cifras de presos para enmascarar el fracaso de la represión que significa el aumento del consumo de drogas en todo el mundo.

Repitiendo las palabras de la Coalición Internacional de ONG por una Política de Drogas Justa y Eficaz (CIO) (50), "hoy, las consecuencias más duras de las actuales políticas sobre drogas las sufren los más marginados, los consumidores de drogas en el Norte -y cada vez más en el Sur- y los productores de plantas ilícitas en el Sur. Las políticas hacen poco o nada para reducir esta marginalización, solamente agravan el problema. Por consiguiente, hacen mayor daño al bienestar en general del que hacen las drogas mismas".

El sentido de la guerra contra las drogas se torna más difuso a medida que profundizamos en sus consecuencias. La prohibición de las drogas ha generado más muerte y violencia que su propio consumo. Sin embargo, en ninguno de los foros internacionales en los que se debate la política antidrogas se plantea la necesidad de una evaluación exhaustiva sobre los resultados que estas políticas están teniendo, tanto en sus aspectos sociales, como económicos y políticos.

En este sentido, el papel de resorte de la sociedad civil para presionar a los gobiernos a fin de que cambien sus políticas resulta fundamental y está comenzando a dar sus frutos. Así como las organizaciones ilegales se han adaptado a las oportunidades que la globalización ofrece, los movimientos de respuesta a las políticas de lucha contra las drogas también se han estructurado aprovechando las nuevas posibilidades.

La Coalición Internacional de ONG por una política de Drogas Justa y Eficaz (CIO) es un ejemplo de ello. La CIO agrupa a más de cien organizaciones y se creó para denunciar el impacto negativo de las actuales políticas internacionales de drogas y proponer alternativas. En Europa, el Comité Europeo de ONG sobre Drogas y Desarrollo (ENCOD) también supone un esfuerzo de coordinación, desde diferentes organizaciones, para trabajar sobre el tema de las drogas desde una perspectiva global.

Uno de los instrumentos más importantes con que cuenta la sociedad civil para enfrentar las políticas de los gobiernos es la información. El Observatorio Geopolítico de las Drogas de París, con más de 200 investigadores en todo el mundo, proporcionaba hasta este año información independiente sobre los diferentes elementos que conforman el prisma del sistema de las drogas. Con su cierre, desaparece un valioso referente para todos aquellos vinculados de una manera u otra a este tema.

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Referencias

1. Ver Virginia Montañés; "Economía ilegal y narcotráfico en América Latina", Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 69, 2000.
2. Ver Rogers y Ramsbothan en este volumen.
3. Comentario realizado en el marco de la lista de distribución de la Coalición Internacional de ONG por una Política de Drogas Justa y Eficaz, gestionada por el Comité Europeo de ONG sobre Drogas y Desarrollo (ENCOD).
4. En 1973 Richard Nixon declaraba la "guerra contra las drogas", calificando éstas como una amenaza para la seguridad nacional. En 1986 Ronald Reagan reforzó esta postura con iniciativas que endurecían las medidas que se debían adoptar en esta guerra y Clinton ha continuado con la línea dura de sus antecesores en el gobierno.
5. PNUFID, Global Ilicit Drug Trends, UNDCP, Nueva York, 1999.
6. Datos de amapola y cannabis de 1988: Observatorio Geopolítico de la Droga (OGD); "A Drug Trade Primer for the Late 1990s", Current History, abril de 1998. Cifras de 1999: OGD, The World Geopolitics of Drugs 1998/1999, OGD, abril 2000. Accesible en internet: www.ogd.org
7. Colombia, el Perú y Bolivia. Sobre esta región, ver Belén Boville, La guerra de la cocaína, Debate, Madrid, 2000, texto del que se han extraído algunos datos.
8. Ver capítulo de Sandra Gil en este volumen.
9. Escritor y periodista peruano, especialista en Amazonía peruana y coca. Citado en Belén Boville, La guerra..., p. 117.
10. "Cocaleros inician marchas en defensa de la coca", Los tiempos, 2 de mayo, 2000.
11. "Cocaleros...", Los Tiempos, 2 de mayo, 2000
12. Ricardo Vargas, The Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) and the Illicit Drug Trade Transnational Institute/Acción Andina/ Washington Office on Latin America, Washington DC, junio, 1999.
13. Glifosato o Roundup, nombre comercial con el que lo distribuye la compañía Monsanto.
14. Sobre las fumigaciones, ver: Ricardo Vargas, Fumigación y conflicto, Tercer Mundo editores/TNI/Acción Andina, Bogotá, 1999 y la página web del Transnational Institute: www.tni.org/drogas/
15. "Se cocinan nuevas marchas cocaleras", El Tiempo, 22 de marzo, 2000.
16. "Se cocinan...", El Tiempo, 22 de marzo, 2000
17. PNUD, Human Development Report, 1999. Accesible en internet: www.undp.org/hdro/
18. OGD, The World Geopolitics..., p. 18.
19. "El narcotráfico: la droga global", El Nacional, 31de enero, 2000.
20. "Drug Cartels Forced to Rethink Trafficking Routes", Global Intelligence Update, 9 de febrero, 2000. Accesible en internet: www.stratfort.com
21. No hay que olvidar que comparte frontera con Serbia, Albania, Macedonia y Montenegro, países con economías sumergidas fuertemente desarrolladas, alimentadas por varios tipos de actividades ilegales, sobre todo el narcotráfico, los cigarrillos y las armas.
22. Francesco Silvestri, "El papel de las drogas en la guerra sobre Kosova", ENCOD, Drogas y Desarrollo, nº 16, junio, 1999.
23. Phil Williams, "The Nature of Drug-Trafficking Networks", Current History, vol. 97, n. 618, abril 1998.
24. José M.Tortosa, Corrupción, Icaria, Barcelona, 1995, y José M. Tortosa, Sociología del sistema mundial, Tecnos, Madrid, 1992.
25. OGD, The world Geopolitic..., pp. 95-98.
26. Ordenado el ingreso en prisión de los condenados por el 'caso Ucifa'"; El Mundo, 26 de enero, 1999.
27. "Un observatorio europeo califica a España de 'portaaviones de las drogas' en Europa", El País, 21 de abril, 2000.
28. OGD, The World Geopolitic of Drugs 1997/1998, OGD, París, 1999. Accesible en internet: www.ogd.org
29. "Crece el consumo de drogas en América Latina", La Jornada, 20 de diciembre, 1999
30. James, Shinn; "Asia's Drug Menace and the Poverty of Diplomacy", Current History, abril 1998.
31. Mariano Aguirre, "La droga, excusa de Washington en América Latina", Le Monde Diplomatique, ed. española, abril, 1997 y "¿Quién certifica al certificador?", El Nuevo Herald, 2 de marzo, 2000.
32. "Corrige McCaffrey a Davidow: EU, la sede de las drogas", La Jornada, 26 de febrero, 2000.
33. En la mayoría de Estados de EEUU no existen programas de intercambio de jeringuillas, y éstas sólo se pueden comprar con receta médica. El gobierno federal prohibe financiar este tipo de programas.
34. "Clinton lanza una cruzada antidrogas", EL PAIS, 26 de febrero, 1997.
35. Paul Lewis y Kendra Wright; Drug War Facts, Common Sense For Drugs Policy Foundation, Washington DC, 1999. Accesible en internet (http://www.csdp.org/)
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37. Maia Szalavitz, "US: War on Drugs, War on Women", On the Issues Magazine, invierno, 1998. Accesible en internet: www.mapinc.org/drugnews/v99.n001.a06.html
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40. Francesco Silvestri, "El papel de las drogas en la guerra sobre Kosova", ENCOD, Drogas y Desarrollo, nº 16, junio, 1999.
41. Coletta Youngers, "La guerra contra las drogas de EEUU y el debilitamiento de la democracia en América Latina", Papeles de Cuestiones Internacionales, nº 68, otoño, 1999. Sobre guerra contra las drogas y democracia: Martin Jelsma y Theo Roncken (coords.); Democracias bajo fuego. Drogas y poder en América Latina, Brecha/Acción Andina/Transnational Institute, Montevideo, 1998.
42. "Por un dólar que gana un cocalero, un narco en EEUU recibe $US 190", Los Tiempos, 19 de julio, 1999.
43. Elaine Ford, "Los Andes y la lucha antidrogas emprendida durante 1999", Comisión Andina de Juristas, Informativo Andino, n° 154, enero, 2000.
44. Bureau of Justice Statistics, Drugs and Crime...
45. Sobre el nuevo discurso y su implicación con Naciones Unidas, en relación con la guerra biológica contra las drogas, ver: Martin Jelsma, "Un hongo contra la coca. UNDCP y la guerra biológica contra las drogas en Colombia", Boletín Internacional Acción Andina, nº 9, 1 de marzo, 2000.
46. "Voy a Argentina a escuchar" y "Un aval a dos tipos audaces", Página 12, 27 de agosto, 1999.
47. Tom Blickman, "Estrategia mundial antidrogas: barniz de un colapso", Acción Andina, nº 2, junio, 1998.
48. United Nations International Drug Control Programme, Project of the Government of Colombia; Project Document "Experimental testing and further development of an environmentally safe biological control agent for coca eradication." Viena, febrero, 1999; p. 8. Se trata de un borrador inicial del contrato de proyecto, aún sin número de proyecto.
49. Todos los datos sobre la guerra biológica contra las drogas han sido extraídos de: Martin Jelsma, "Un hongo contra la coca..."
50. CIO, La prohibición de las drogas ha fracasado: es hora de regularlas y controlarlas, febrero, 2000. Carta abierta a la Segunda Conferencia de la Unión Europea sobre Política de Drogas.

Fuente: http://www.tni.org/es/archives/act/2082